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Documentos e informes de conferenciasAutores y editoresAutor(es), editor(es), colaborador(es): Bastiaan P. Reydon, Ana Paula Bueno, Ana Karina Bueno, Vitor Bukvar Fernandes, Luiz Antonio Besson Vezzaro Izidoro
El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No somos un banco en el sentido corriente, sino una asociación única para reducir la pobreza y apoyar el desarrollo.
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La implementación del Catastro en Brasil es un desafío histórico. La ausencia de este instrumento representa la imposibilidad de otorgar la tenencia de la tierra, la capacidad de regular el uso de la tierra y asegurar la justicia social. Especialmente en la Amazonía, la falta de Catastro complica la gestión de las tierras públicas y la regularización de las posesiones irregulares. Además, fomenta la explotación incontrolada de los recursos naturales, aumenta los conflictos por la tierra y reduce la capacidad de reconocer los derechos sobre la misma.
En Brasil hay varias instituciones que utilizan "catastros" independientes. Esta multiplicidad, sin interoperabilidad, da lugar a conflictos de información entre los organismos gubernamentales. Sin embargo, en 2001 se publicó la ley 10.267, por la que se creó el CNIR: Catastro Nacional de Propiedades Rurales. Esta ley estableció el relevamiento georreferencial como medio para producir el ladrillo fundamental del Catastro: la parcela.
La aplicación de la ley 10.267, sin embargo, fue complicada. El proceso tenía un exceso de documentación y pasos innecesarios, basados en medios analógicos. Este escenario era incompatible con la cantidad de personal gubernamental disponible. Además, el proceso presentaba un grave problema conceptual: la parcela no se adoptaba como objeto de georreferenciación.
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desarrollar el Sistema de Gestión de Tierras (SIGEF) con el objetivo de integrar la información relacionada con la identificación, certificación y destino de las tierras públicas, así como los datos sobre la ocupación de las tierras en el país, y sobre los diferentes niveles de gobierno y organismos responsables de la gestión del territorio, sumándose así al desarrollo efectivo de una Política de Gobernanza de la Tierra. Este compromiso también tiene como objetivo garantizar el acceso público a la información sobre la tierra y mejorar la eficacia de los gastos gubernamentales con la ejecución de la georreferenciación de las tierras públicas.